Abstract:
En la región latinoamericana se asiste, de modo creciente, a una redefinición de la
administración de justicia constitucional respecto de los conflictos sociales y políticos. Esta
novedosa forma de intervención judicial permite el empoderamiento de los jueces y a su vez
un mayor grado de involucramiento en la realización de políticas públicas desde la
judicatura, para la tutela de los derechos fundamentales. Las implicancias de la
judicialización de políticas hacen que las Cortes Supremas amplíen sus competencias y
establezcan un “poder de agenda” para interactuar con los demás poderes estatales. Esta
investigación analiza el desempeño de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de
Paraguay, en materia de control de constitucionalidad a partir de la Constitución de 1992. A
este efecto, se realizan dos abordajes: uno teórico y otro empírico; para el primero se acude a
tres disciplinas, la Ciencia Política, el Derecho Constitucional y la Filosofía del Derecho;
mientras que para el segundo, se examinan cuatro entrevistas abiertas realizadas a ex
Ministros de la Corte y seis sentencias de la Sala Constitucional referentes a derechos
sociales. La experiencia de la Corte Suprema de Paraguay muestra que los jueces
constitucionales rompen con el modelo positivista y transitan hacia una justicia
transformadora, por un lado, pero por otra parte, y negativamente, todavía no pueden
liberarse de las injerencias de los otros poderes políticos que impiden su independencia
efectiva. Este obstáculo implica que, a pesar de encontrarse legitimada para administrar
conflictos sociales, la labor de la judicatura sea escasa en cuanto a la contribución para la
realización de políticas públicas.
